Su compromiso con los derechos humanos
Felipe Michelini Delle Piane (1961-2020).
Por Samuel Blixen, 24 abril, 2020
Militante estudiantil, abogado, militante de derechos humanos, político, legislador, gobernante,
docente, funcionario internacional… Las referencias a la intensa actividad de Felipe Michelini,
cuando cumplía 59 años, revelan un amplio abanico de diferentes disciplinas. Fue un hombre de
partido y de principios, cualidades que no siempre aparecen juntas y a veces son antagónicas.
Si un momento crítico determina el futuro y condiciona el derrotero, en el caso de Felipe, como
en el de todos sus hermanos, con mayor o menor intensidad, ese momento tiene fecha: 20 de
mayo de 1976. Felipe, como sus hermanos, levantó la bandera que enarbolaba su padre, Zelmar,
el día que los sicarios de la dictadura lo asesinaron en Buenos Aires, porque su denuncia de las
atrocidades del terrorismo de Estado era implacable y su gura concentraba las expectativas de
una salida negociada, dos amenazas que para los responsables de los sicarios sólo podían
segarse a balazos.
Felipe tenía apenas 15 años cuando el cuádruple asesinato, pero el relevo no fue simplemente
un mandato heredado: la enseñanza política en el hogar de los Michelini Delle Piane, en aquellos
cruciales años del pachecato, el Congreso del Pueblo, el surgimiento del Frente Amplio,
elecciones con medidas prontas de seguridad y un Parlamento sordo a las denuncias y
obsecuente con las bayonetas, venía de la mano de rmes principios: los que llevaron a Zelmar
a abandonar el Partido Colorado y fueron la argamasa que fraguó, junto con el magnicidio, una
conducta invariable respecto de los derechos humanos.
Por eso, en 1986, su madre, Elisa, asumió la responsabilidad de estar a la cabeza, junto con
Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, del movimiento prorreferéndum para derogar la ley
de caducidad. Por eso, a sus 20 años, Felipe fue uno de los fundadores de la Asociación Social y
Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep), que retomó la posta de la Feuu. De su
currículo merece destacarse, en este aspecto, su condición de docente grado 3 en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), su máster en
Derechos Humanos de la Universidad Columbia, de Nueva York, su condición de responsable de
cursos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su condición de miembro del
equipo técnico de Naciones Unidas en la Comisión de la Verdad de El Salvador. Todo ello sin
desmerecer su actividad como miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la
Corte Penal Internacional en Benecio de las Víctimas y su actuación como vicepresidente en la
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Comisión Administradora del Río de la Plata (Carp), que nalmente destrabó el acuerdo con
Argentina para dragar el canal Martín García.
Pero en la relación de Felipe Michelini con los derechos humanos hay un hito reciente: la
coordinación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), de cuyo consejo fue un miembro
honorario. Un decreto de 2015 rmado por Tabaré Vázquez encomendó al Gtvj, que actuaría en
la órbita de Presidencia, el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. La iniciativa
generó la expectativa de que, nalmente, un organismo independiente avanzara en la búsqueda
de los desaparecidos y la identicación de los responsables, como no lo habían hecho hasta ese
momento ni los ministros de Defensa Nacional de los distintos gobiernos, ni los sucesivos
Parlamentos, ni el Poder Judicial. La heterogénea composición del consejo, honorario y a
tiempo parcial, y la compleja relación con la Secretaría para el Pasado Reciente, un organismo
de Presidencia, remunerado y a tiempo completo, que ociaría como soporte funcional, fue la
primera, pero no la única, fuente de dicultades. “Un entorno externo altamente agresivo”; el
permanente “hostigamiento de sectores que amparan a los perpetradores, los promotores de la
impunidad y sus cómplices”, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que “termina
consolidando la idea de que el Estado en su conjunto viola una vez más la dignidad de las
víctimas y sus familiares”, fueron las “debilidades” que Felipe anotó en su informe nal.
Quedaba claro que la iniciativa de Tabaré Vázquez contenía contradicciones frustrantes y
paralizantes. Felipe podría haber optado por abandonar el trabajo, como lo hicieron, por distintas
razones, otros miembros del consejo del Gtvj. En esas condiciones, sin embargo, se empeñó en
avanzar: respaldó el trabajo de digitalización de los archivos de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia, la Prefectura General Naval y los Fusileros Navales, y estimuló el
estudio del llamado “archivo Berrutti”. Enfrentando los criterios secretistas y censores
imperantes en otras áreas del Estado –que, con el pretexto de la salvaguarda de la intimidad de
las personas, favorecen la impunidad–, mantuvo una defensa rigurosa del imperio del artículo
12 de la ley de acceso a la información, que sostiene que en materia de derechos humanos no
rige ninguna limitación, lo que habilitó que cualquier persona pudiera acceder al acervo
documental del Gtvj.
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De la misma forma, enfrentó las maniobras de la inteligencia militar, que, en las narices de los
ministros, dicultaron y entorpecieron las excavaciones en los predios militares: las amenazas a
los arqueólogos forenses, la implantación de explosivos en los lugares de trabajo, la
intimidación mediante “chantajes” lmados, la incursión de drones y la utilización de información
falsa (la última, proporcionada por el general Guido Manini Ríos) para desviar la atención puesta
en el Batallón 13 de Infantería y, a la vez, estimular las críticas por la ausencia de resultados.
Pese a todo ese esfuerzo de los defensores de los impunes y la contribución de los indiferentes,
el Gtvj logró ubicar, el 27 de agosto de 2019, los restos de Eduardo Bleier, dirigente comunista
desaparecido en octubre de 1975. Una multitud congregada en las escalinatas del local central
de la Udelar (donde los restos fueron velados) despidió a Bleier. En nombre de los familiares del
dirigente comunista, habló Felipe Michelini: “El régimen de terrorismo de Estado en nuestro país
avasalló todas las instituciones democráticas, sometió a un férreo control social y represivo a
nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y el abuso sexual de los detenidos,
la prisión prolongada, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Las
víctimas fueron personas indefensas. La acción represiva fue diseñada, ordenada y ejecutada
por las máximas autoridades del régimen, incluidos, obviamente, los mandos militares.
Recuperada la democracia, más allá de todos los esfuerzos, el país fue sumido en la impunidad,
a través de la sanción, la aplicación y la interpretación de la ley de caducidad. Aún hoy, con toda
la evidencia desplegada ante nosotros, nos cuesta creer que, desde el Estado, contando con
todos los medios, haya ocurrido tanta saña”.
Felipe falleció, víctima de un accidente doméstico, el domingo 19. Por su compromiso con los
derechos humanos, aunque no sólo por ello, se notará su ausencia.